El 8 de febrero de 2024, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta Nº 24 la Ley No. 10.437 en Costa Rica. Esta ley establece el concepto de "whistleblower" por primera vez en el país.
Algunos aspectos importantes a valorar por las empresas serán:
Ámbito de Aplicación:
- La ley busca proteger a quienes denuncien actos de corrupción, ya sea de forma pública o privada, contra represalias laborales. Define que se entiende por actos de corrupción, incluyendo sobornos, beneficios indebidos a funcionarios públicos, y otros delitos relacionados.
Protecciones Brindadas:
- La ley protege a denunciantes y testigos de represalias laborales, como suspensión, despido, cambios desfavorables en condiciones laborales, entre otros. Además, se establece un fuero de protección, y solo se puede prescindir de la persona por falta grave, previa autorización del Ministerio de Trabajo.
Aplicación al Sector Privado:
- Afecta tanto al sector público como al privado. Los empleadores con más de 50 colaboradores deben establecer canales internos de denuncia y políticas contra la corrupción.
Sanciones:
- Se impondrán multas en caso de represalias, calculadas en salarios base, con variabilidad según la gravedad del acto. Se espera un reglamento del Poder Ejecutivo en los próximos 12 meses.
Confidencialidad y Protección Continua:
- Se garantiza la confidencialidad de los denunciantes incluso después del proceso. Los empleadores culpables enfrentan sanciones y multas por represalias.
En conclusión, la Ley Integral Anticorrupción que Protege a los Denunciantes representa un avance significativo para Costa Rica en la lucha contra la corrupción, estableciendo medidas concretas para proteger a quienes denuncien estos actos en ambos sectores, público y privado.
Por: Alejandro Barrantes Báez
Labor Department - Sr. Associate Attorney
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