El 04 y 05 de setiembre se realizó el V Congreso Iberoamericano de Energía.
A continuación compartimos algunos de los aspectos más destacados, así como nuestras propias conclusiones:
Los sandboxes, las comunidades energéticas, los recursos energéticos distribuidos (DER) y las subastas renovables se identificaron como aspectos clave para la transición energética bajo los pilares de la descarbonización, digitalización y descentralización (y la auto gobernanza de las comunidades). Adicionalmente, son iniciativas y proyectos que fomentan un gran dinamismo en transacciones, fomentan la economía y la inversión y generan nuevas formas de negocios y fuentes de empleo. En el caso de Costa Rica, si bien recientemente se ha aprobado normativa en materia de generación distribuida así como incentivos para el transporte eléctrico, el país sigue manteniendo un importante rezago en lo que respecta a la regulación de la actividad energética. Sobre el particular, se debe destacar que actualmente se encuentran en discusión varios proyectos de ley tales como el proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional así como el proyecto que autorizaría a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional los cuales tienen como objetivo mejorar la eficiencia en el uso de las distintas fuentes de energía con que cuenta el país.
Como recomendaciones generales, es esencial entender el papel del derecho y la regulación económica dentro del aspecto energético, así como reconocer la necesidad de que las autoridades competentes se encuentren debidamente capacitados con un conocimiento técnico profundo en la materia. Debemos atender con seriedad los riesgos que implica una dependencia de minerales con oferta limitada y que son requeridos para la tecnología de las renovables y cómo se deberá manejar este reto a nivel político, así como poner atención a la cadena de suministro. El desarrollo energético debe incluir estudios de impacto ambiental, una evaluación real del posible impacto a la biodiversidad, así como vulnerabilidad a riesgos climáticos e impactos sociales. Sobre todo, conviene una regulación fundamentada en criterios técnicos y una mayor apertura de mercados dado que los excesos normativos entraban la promoción de la transición energética y provocan un menor grado de competencia.
Al amparo de criterios y posiciones ideológicas, el modelo energético en Costa Rica cuenta una legislación y regulación que presenta varias décadas de atraso. El monopolio que mantiene el ICE en lo que respecta a la distribución, comercialización y la mayor parte de la generación, así como el exceso de regulación emitida para actividades de generación distribuida para autoconsumo y la falta de seguridad jurídica para los generadores privados debido a las limitaciones existentes en la legislación aplicable en particular en lo que respecta a la venta de energía por medio de PPA, son algunos de los principales culpables. Como ya se sabe, esto genera un impacto directo en la competitividad del país, la IED y los costos de la energía. Asimismo, en el Congreso se cuestionó si la rectoría de energía debería seguir incluida dentro del Minae o bajo un ministerio propio, para fomentar la mejora continua e innovación en esta materia.
Resulta imprescindible analizar la situación energética nacional con base en datos claros y números reales, dejando de lado ideologías y discursos sesgados. El enfoque debe de centrarse en generar regulación con visión de futuro, la cual permita la toma de decisiones apegadas a la ciencia y la técnica, así como entender que la transición energética no es algo que sucede de la noche a la mañana y que el país debe pensar en un modelo que se acople a su realidad, condiciones de demanda y objetivos ambientales, sociales y económicos.
Por:
Luciana Pineda, Departamento Ambiental
Osvaldo Madrigal, Departamento Regulatorio
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